Locales Código de descuentos: aporte al debate de nuevas leyes 
Por el Dr. Gustavo Corregido
Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco
Es altamente auspiciosa la coincidencia de tantas acciones derivadas a encontrar una solución al grave problema de endeudamiento de los empleados públicos y jubilados en distintas cooperativas o mutuales dedicados al negocio financiero.
Sin embargo, es preciso efectuar algunos señalamientos que tienden a enriquecer los proyectos que actualmente se encuentran debatiendo. Previamente debo manifestar una íntima y mesurada celebración por haber sido escuchado en estos planteos que ya llevan más de un año.
Decía entonces que pese a la magnitud de la cuestión que estaba exponiendo la Defensoría del Pueblo, no encontraba eco en las instituciones encargadas de regular el funcionamiento de estas entidades y, a su vez, de velar por la protección de trabajadores y jubilados del Estado, que fueron durante años, el coto de caza de algunas de estas instituciones asociativistas que desviaron sus objetivos con actividades rayanas a la usura.
Esto, de ningún modo descalifica a aquellas cooperativas y mutuales que cumplen acabadamente con el espíritu que dio origen a esas instituciones, tal como oportunamente se lo planteó a la AMUCHAFE (Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas), cuando me visitaron para fijar una posición que comparto plenamente.
La falta de reacción que exteriorizaron los distintos estamentos en esa oportunidad movió a la Defensoría, a presentar con su facultad de iniciativa, un proyecto de ley, a través del diputado Néstor Marcón en el que no se impide el funcionamiento de cooperativas y mutuales, sino que por el contrario se alienta esa tarea, pero estableciendo mecanismos regulatorios en aspectos jurídicos y administrativos que garantizan la protección de eventuales tomadores de créditos, fundamentalmente en lo relacionado con topes más realistas en las tasas de interés que puedan aplicar y en la certeza de lo que se está cobrando, tanto en costo financiero, montos de cuotas mensuales y plazos para la cancelación de los créditos.
Debo ratificar en esta oportunidad, mi convencimiento personal de la validez de la existencia de este tipo de instituciones para la ocurrencia en ayuda de quienes complicados por una situación financiera particular, pueden recurrir a cooperativas y mutuales para acceder a préstamos en condiciones en las que no podría ser sujetos de crédito en el sistema bancario.
Esto no obsta que, aún en esos casos, el Estado pueda abandonar a este trabajador a manos de la usura, prácticamente como viene ocurriendo al haber encontrado algunas instituciones los márgenes dentro de las normas vigentes para cobrar lo que se les ocurre, por el tiempo que se les ocurra y tomando en garantía los créditos, no solamente con la aplicación de los códigos de descuento, sino también con la firma de pagarés, que podrán estar rellenados, resultando igualmente redundantes (porque los crédito se los cobran debitándolo directamente de los haberes del Estado, ingresando a una plataforma informativa que maneja una empresa estatal) o peor en formularios completamente en blanco.
Debo recordar también que no hay novedades de una denuncia que presenté en este sentido, más allá de reconocer que la Justicia está avanzando en la resolución de medidas cautelares, denegadas o concedidas por diferentes estamentos judiciales. Pero la falta de avances en la investigación que debería ocurrir ante la presentación efectuada por la Defensoría, me lleva a preguntarme, ¿si no hay ninguna irregularidad, por qué se mueven tantos resortes para mover este tema?
Yendo a los proyectos conocidos, la sospecha de acciones de usura, debe recordarse que se trata de una práctica en la que se cobra un interés excesivamente alto por un préstamo. Por lo que independientemente de los topes en los niveles de las cuotas, más la protección de una porción del salario equivalente al mínimo vital y móvil, si no hay controles a las tasas, podrán extenderse los plazos eternamente, dentro de los parámetros que ofrece legislar uno de los proyectos, pero no habrá controles en cuanto a los intereses que se perciben, tal como plantea el proyecto presentado por la Defensoría.
Vale recordar un elemento clave en este punto. El sistema financiero formal integrado por la red de bancos, entre otras instituciones, tiene un reconocido objetivo de lucro, pero aún así están reguladas sus tasas. Podrán ser altas, o bajas, de acuerdo a los tiempos de la economía, pero nunca desreguladas. Con más razón cuando estamos hablando de instituciones que por el origen de su espíritu no tienen el lucro
En el otro proyecto que está debatiéndose en los medios, elimina directamente la intervención de cooperativas y mutuales, a las que igualmente habrá que indemnizar. Ya he señalado, la necesidad de que permanezcan en actividad, aunque con los controles señalados.
Con seguridad el debate necesario que estas leyes tendrán en la Legislatura, servirá para enriquecer las propuestas, y es de esperar que en esa discusión se tome en cuenta la iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Indudablemente será muy beneficiosa para la gente en general, hacia quienes debemos dirigir nuestro máximo esfuerzo. Es tiempo de una esperada reparación.
Fuente: Primicias Chaco.
Domingo, 20 de abril de 2014
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